La responsabilidad penal de los funcionarios públicos y autoridades en los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, y contra el medio ambiente
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Las Administraciones Públicas están obligadas por la Constitución y las leyes a velar por una utilización racional de los recursos naturales, y a proteger y mejorar nuestra calidad de vida y restaurar el medio ambiente. En este sentido es muy abundante la normativa vigente sobre esta materia, dirigida a dotar a la Administración de medios para cumplir con esta finalidad. El Código Penal prevé determinados delitos destinados a sancionar a las autoridades o funcionarios que de manera intencionada, en la tarea destinada a controlar las actividades que pueden perjudicar el medio ambiente o el uso racional del territorio, realizan determinadas acciones u omisiones. El objeto de este trabajo es hacer un breve análisis de los delitos desde la perspectiva de quien procura su aplicación ante los órganos judiciales, en cumplimiento de sus obligaciones como miembro del Ministerio Fiscal.