De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función
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En el presente trabajo se exponen diversas infracciones penales que aparecen recogidas en un mismo Capítulo del Código Penal y donde su autor, normalmente una autoridad o funcionario público, realiza actos en los que, aprovechándose de su cargo, lesiona o pone en riesgo el principio de imparcialidad y objetividad que ha de presidir la actuación de los poderes públicos. Los delitos que se comentarán reúnen conductas heterogéneas, pero que están caracterizadas por la aparición de intereses particulares que se inmiscuyen en lo público y que se tratan de aprovechar por el sujeto activo, apartándose así de su obligación de respeto a esos principios esenciales de objetividad e imparcialidad. Tales delitos obligan a reforzar las normas administrativas destinadas a evitarlos y a procurar un correcto funcionamiento de la Administración, especialmente incrementadas en los últimos años ante el aumento de los casos de corrupción política aparecidos ante la opinión pública de nuestro país, que parecen inacabables, y la consiguiente mayor sensibilidad que los ciudadanos van adquiriendo ante el abuso en el ejercicio de la función pública por parte de algunos, sensibilidad esta que suele ir acompañada de una cierta sensación de impunidad.