La pervivencia de un modelo jurídico propio de servicios sociales en el Estado español: el sistema integrado de prestaciones de Cataluña
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El marco jurídico constitucional y estatutario configura un sistema propio de prestaciones sociales sobre la base del reconocimiento de un derecho de acceso a los servicios sociales para todos los ciudadanos de Cataluña, en el contexto de la salida de la crisis económica y social en la que se hallaba inmerso el Estado español. Asimismo, determina la distribución de competencias materiales y funcionales del sistema público de protección social entre la Administración de la Generalitat y la Administración local, en sus diversos niveles; bajo el prisma de la interpretación constitucional de la reforma del régimen jurídico local de 2013. En esta línea la Ley 12/2007 de Servicios Sociales comporta la consolidación del modelo prestacional, respondiendo a los principios de universalidad, proximidad y descentralización.